La nueva Constitución, un desafío ineludible

Un sistema político económico tan injusto y abusivo como el que tenemos en nuestro país, sólo es posible implementarlo a través de la represión más brutal, como ocurrió en los 17 años de Dictadura y, para poder darle continuidad, en democracia, se requiere recurrir al engaño y la desinformación, como ha ocurrido estos últimos 30 años.

“El poder de la ambición y la avaricia descansa en las opiniones falsas del vulgo respecto de lo que está bien y está mal; por ende, una vez que los principios de justicia se conozcan con certeza matemática, la ambición y la avaricia se volverán impotentes y la raza humana disfrutará de una paz duradera.”

Esta afirmación, atribuida a Hobbes¹, refleja claramente lo que actualmente está ocurriendo en el mundo y, particularmente en Chile, donde el poder está controlado por la codicia, de la misma forma en que las mentes son dominadas por los vicios. Para que este poder se sustente, como bien señala Hobbes, es fundamental que el pueblo no tome conciencia sobre los motivos de su precaria existencia. Para engañar al pueblo, la casta gobernante utiliza una serie de mecanismos, entre ellos: formación de mitos, acuerdos secretos, información falsa, desinformación, estadísticas manipuladas, etc.

Los Mitos

La creación de mitos son las formas más sofisticadas de engañar al pueblo, ya que requieren del concurso de expertos altamente calificados. Entenderemos como mitos, aquellas afirmaciones deliberadamente falsas, que tratan de deformar la realidad con el fin de obtener beneficios particulares. En Chile se han instalado muchos, algunos de los cuáles, han tenido éxito, ya que han dado sustento teórico a la aplicación de políticas públicas y a legislaciones que, aduciendo favorecer al pueblo, lo han empobrecido, enriqueciendo aún más a los poderosos grupos económicos. Uno de los mitos que más se ha utilizado en el pasado reciente es el siguiente:

“El Estado es ineficiente”

Este mito fue difundido, entre los economistas y “expertos” durante décadas, especialmente en Dictadura, pero también en “democracia”. Las argumentaciones que se esgrimían en aquella época eran aparentemente lógicas pues señalaban que los privados tenían interés en ser eficientes ya que de ello dependía acrecentar sus ganancias; en cambio, los funcionarios del Estado no tenían ningún incentivo para producir más, ya que ello no les reportaba ninguna ganancia adicional, los sueldos seguían siendo los mismos, trabajaran o no.

De este argumento se sigue que si el Estado es ineficiente, quienes deben hacerse cargo de todas las actividades productivas y de servicios debían ser los privados. Estas argumentaciones dan un sustento “técnico” y “razonable” a las privatizaciones de las empresas del Estado y también, por cierto, a la Constitución de 1980.

Sin embargo, la fuerza de los hechos ha desprestigiado este mito, al quedar en evidencia que los empresarios, especialmente los más poderosos, trabajan para el propio beneficio y no para el beneficio de la comunidad, o de sus propios trabajadores. Después de más de 40 años de aplicación del sistema neoliberal podemos constatar sus efectos:

• Altas rentabilidades de los dueños de las AFP y paupérrimas pensiones para sus afiliados;

• Altas ganancias de las ISAPRES y abusivos planes de Salud;

• Aranceles universitarios usureros y endeudamiento de por vida de sus estudiantes;

• Cobros desmedidos por los servicios de agua potable, electricidad y telefonía;

• Alza indiscriminada y abusiva de los precios de las mercancías más esenciales, entre ellos los medicamentos, etc. etc.

En la práctica las privatizaciones generaron; riquezas para sus dueños, servicios deficientes para la población y precios usureros en los productos y servicios. Esta realidad ha sido denunciada por ANADEUS a diversas autoridades, desgraciadamente, con escasos resultados.

Nuevo Ordenamiento Jurídico

Para que las privatizaciones se pudieran llevar a efecto sin problemas, debía establecerse un nuevo ordenamiento jurídico, partiendo por la Constitución. Es así como nace la Constitución de 1980, elaborada en plena Dictadura. Sin embargo, una vez recuperada la democracia, fue ratificada en el año 2005, con algunas reformas, por el entonces Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar (socialista) quién señalaba: “Por fin tenemos una Constitución democrática”, proclamando el fin de la transición a la democracia. Esta misma Constitución, alabada por Lagos, es la que el pueblo quiere cambiar de raíz.

Después de alrededor de 40 años de existencia de la actual Constitución y de la implementación del sistema neoliberal, los resultados han sido verdaderamente desastrosos para la población. Frente a la dificultad que enfrenta la clase política para tratar de justificar la gestión lamentable que han realizado en estas últimas tres décadas, tratan de instalar otro mito que los absuelva:

“A pesar de las dificultades, hemos avanzado mucho”

La clase política trata de convencernos que en estos últimos 30 años “hemos avanzado mucho”. Habría que precisar, quiénes han avanzado, sin duda, la élite económica y empresarial, quienes han visto crecer sus fortunas de manera escandalosa; pero también se ha beneficiado la clase política que está al servicio del poder económico y, por cierto, las fuerzas armadas y policiales que los protegen. Estos últimos, también han sido beneficiados con abultados sueldos y jugosas pensiones.

El pueblo, en cambio, no sólo no ha avanzado sino que ha retrocedido, pues ni siquiera ha podido recuperar los beneficios que había conquistado 50 años atrás.

La Nueva Constitución

Este año durante el plebiscito por una nueva Constitución, renacieron las campañas del terror, que tan efectivas resultaron en el pasado, vaticinaban, entre otros desastres que nos convertiríamos en Chilezuela si se aprobaba la opción por una nueva Constitución:

A pesar de los ingentes recursos destinados a promover este tipo de campañas, el pueblo se pronunció con una mayoría abrumadora, cercana al 80%, por una Nueva Constitución, dejando claro que las campañas del terror ya no los afectan, pues Chile despertó.

Surge un Nuevo Mito

Una vez aprobada la elaboración de una nueva Constitución sus detractores comenzaron a difundir otro mito con el fin de neutralizar y, en lo posible impedir los cambios estructurales que se requieren, para cambiar el actual sistema:

“El objetivo de una Constitución es limitar el poder del Estado”

Si este fuera el objetivo deberíamos contentarnos con la actual Constitución ya que ésta limita el poder del Estado a su mínima expresión. El pueblo tiene claro que si queremos cambiar el sistema neoliberal que tanto daño ha ocasionado a la sociedad en su conjunto, debemos comenzar con fortalecer las atribuciones del Estado, única manera de neutralizar el obsceno poder que ostentan los grupos económicos en nuestro país. No debemos olvidar que en un sistema democrático el poder del Estado es el poder de todos.

Política de los Acuerdos

El acuerdo, entre la clase política opositora a la Dictadura y el gobierno de Pinochet, que pactaron el retorno a la democracia, fue el primer gran engaño de que fue objeto el pueblo. Ese pueblo que luchó incansablemente por la vuelta a la democracia, exigiendo el fin al sistema neoliberal y de la Constitución de 1980, fue brutalmente defraudado por el acuerdo alcanzado, ya que no solo se pactó el mantenimiento del sistema neoliberal y de la Constitución de 1980, sino que además se perfeccionó.

El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución

Este acuerdo confirma las prácticas habituales que utiliza la clase política para tomar decisiones que perjudican al pueblo, beneficiando a las clases dominantes.

El grito de lucha más potente que se ha escuchado en el último siglo es el que dice, Chile Despertó. Este grito es una lección que la clase política no ha podido o no ha querido descifrar ya que, de hacerlo, tomarían conciencia de que sus intereses se vería amenazados. En definitiva la frase Chile despertó resume las exigencias que se explicitaron, a través de diversos medios, en las multitudinarias manifestaciones de protesta: carteles, rayados, consignas, canciones, bailes, banderas, teatros callejeros, etc. Entre estas exigencias, las más presentes en las manifestaciones eran: terminar con el sistema neoliberal; con la Constitución de 1980; con las AFP, con las colusiones, con la institucionalidad abusiva, con los privilegios, con la estructura patriarcal, con las violaciones de los derechos humanos, etc. etc., en definitiva, lo que se exigió en las calles es Dignidad para el Pueblo y el derecho a vivir en paz.

El Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, desgraciadamente, es un fiel reflejo del distanciamiento de la clase política con el pueblo, ya que el acuerdo dista mucho de las exigencias que motivaron el estallido social:

• El pueblo exigía una nueva Constitución que partiera de cero, para que la actual Constitución pudiera ser cambiada de raíz; el acuerdo dispone, que para aprobar el articulado de la Nueva Constitución se requiere un cuórum de 2/3. Cuórum, que los mismos parlamentarios han denunciado, en innumerables oportunidades, que no les ha permitido hacer cambios estructurales a la Constitución, a pesar de contar con mayoría en el Parlamento. Sin duda que el cuórum de los 2/3 pone un freno prácticamente infranqueable, para que las exigencias de trasformaciones que el pueblo demanda, se hagan realidad, ya que sólo 1/3 de los constituyentes los pueden vetar.

• El pueblo exigía Asamblea Constituyente; el acuerdo dispuso Convención Constituyente. Tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo, difundieron a través de los medios, que ambos mecanismos eran lo mismo, cuestión que es absolutamente falso. La Convención Constituyente funciona con reglas preestablecidas, entre ellas los cuórum de 2/3; en cambio la Asamblea Constituyente fija sus propias reglas, incluyendo los cuórum.

• El pueblo exigió, en el plebiscito, que los miembros de la Convención Constituyente, no fueran miembros de la clase política, rechazando la Convención Mixta. El pueblo se pronunció porque se privilegiara a los independientes. El acuerdo optó por el mismo sistema electoral que rige las elecciones de Diputados; es decir, facilita la elección de los políticos de siempre y dificulta la elección de independientes. Nuevamente el engaño fue la estrategia en este acuerdo.

Un desafío ineludible

El pueblo, en el plebiscito adquirió un compromiso que no debe eludir, si queremos que las condiciones de vida de todos los chilenos efectivamente mejoren, necesitamos que todos participemos masivamente, en todo el proceso Constitucional; desde la elección de los miembros a la Convención, hasta el plebiscito ratificatorio. Quienes formamos parte de ese Chile que despertó, ganándonos en las calles el derecho a elaborar una Nueva Constitución, debemos estar alertas e involucrarnos en cuerpo y alma para que esa Constitución que queremos logre su más noble objetivo, que es, con el acuerdo de todos, mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.